Olvidados niños autistas de la montaña.

Estudiantes autistas de varios pueblos del centro de la Isla aparentan no estar recibiendo los servicios educativos adecuados que dispone la Ley de Educación Especial para Impedidos de Puerto Rico y la Ley federal para la Educación de Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés).

Un grupo de madres del pueblo de Naranjito indicó a CAZA NOTICIAS que recurrieron a organizarse bajo el nombre de Grupo de Apoyo al Autismo de la Montaña para gestionar por cuenta propia servicios básicos de educación para sus hijos que el Departamento de Educación (DE) no les ofrece.

“Estos estudiantes son relegados por el Departamento (de Educación) y no reciben los servicios a los que por ley tienen derecho. El DE dice que es proveedor de servicios, pero más bien es un tropiezo en la educación de estos niños, no un facilitador”, indicó Elizabeth Morales Alicea, madre de un estudiante con síndrome de Asperger, un tipo de trastorno autístico.

“No entendemos cómo es posible que el DE no ofrezca servicios para estos estudiantes cuando existen fondos federales enviados por la Ley IDEA destinados a desarrollar estos servicios. ¿Qué está haciendo el DE con ese dinero?”, cuestionó Morales Alicea.

Actualmente, esta red de apoyo sirve a pueblos del centro como Naranjito, Comerío, Barranquitas y Corozal, pero urgen a otros padres a organizarse de igual manera para exigirle al Gobierno que tome acción en el asunto de la Educación Especial en la Isla.

“El autismo es tratable, pero muchas familias no lo saben. Existen programas con fondos federales que garantizan la educación de estos niños, pero si uno no conoce sus derechos, Educación nos pasa el rolo”, aseguró la organizadora del grupo en el que figuran 40 madres.

Por otra parte, Nilda Matos, fundadora del grupo de apoyo, explicó que han logrado brindarle una oportunidad de integrarse en los cursos regulares a niños que han estado sin atención del DE.

“A mi hijo le diagnosticaron autismo severo atípico y me dijeron que nunca podría integrarse a las clases regulares. Me aconsejaron que lo institucionalizara. Este año se me gradúa de noveno y el año que viene comenzará en un salón de clases regulares. Eso es prueba de que la condición es tratable”, indicó Matos.

La Ley 51 -Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos-, establece que cada estudiante especial debe “recibir, en la ubicación menos restrictiva, una educación pública, gratuita, especial y apropiada, de acuerdo a sus necesidades individuales”.

Ante la posibilidad de que el DE elimine los puestos de asistente de servicios T-1 para limitar a un solo facilitador de servicios por cada escuela, los padres de estudiantes de Educación Especial auguran un futuro sombrío para los alumnos con necesidades especiales.